Con acusaciones recíprocas, reclamos cruzados y acciones legales creció en las últimas horas el tono de la controversia entre el estudio que llevó al cine la saga Crepúsculo y una joven argentina acusada desde Hollywood de apoderarse ilegalmente de material de la película Amanecer, la próxima entrega de la serie, con estreno en noviembre.
La acusada es la misionera Daiana Santía, una estudiante de ciencias económicas, de 24 años, que vive en Posadas. Desde allí rechazó los cargos de la productora Summit Entertainment y negó ser hacker . "No tengo esos conocimientos. Soy una usuaria más de Internet y fanática de la saga. Pero no capturé ni guardé ni difundí material de la película. Encontré los materiales de casualidad, los miré y cerré la página. Si hoy me piden que repita el proceso, no podría hacerlo", dijo en una conferencia de prensa, en compañía de sus abogados.
Ayer, por intermedio de Alfa Films (distribuidora local de las películas), Summit indicó en un comunicado que está al tanto de los hechos desde mayo último y que el 8 de junio, en una reunión entre las partes, Santía "confesó en presencia de su abogado que ella accedió a servers y a cuentas de e-mail a través de un ataque sistemático, robando fotografías, imágenes sin editar y filmaciones de video durante varios meses". Según el estudio, las acciones de la joven "demuestran premeditación y no fueron un acto espontáneo, sino que se utilizó tecnología y tácticas que requieren planeamiento, así como tiempo y habilidades".
También señaló que Santía se negó a colaborar cuando expertos enviados por Summit viajaron a Posadas para comprobar si la joven había compartido esos materiales con terceros. Uno de los abogados de Santía, Pablo Luján, dijo que ese grupo llegó con "una posición extorsiva", al exigir que se le entregara el disco rígido de la PC, donde ella guarda datos personales, y anunció que iniciará en tribunales locales una demanda civil y penal contra la productora.
"Si la señorita Santía hubiera colaborado con Summit y sus representantes hubieran trabajado junto a ella para llegar un acuerdo, no habría sido necesario presentar acciones legales en la Argentina y los EE.UU.", concluye el estudio en su declaración.
